Este proyecto de acto legislativo, presentado por el Gobierno, no deja claro a quién beneficiaría la limitación de la conexidad con el delito político y reitera una prohibición que ya existe en la ley colombiana.
Inicia la segunda vuelta de este Proyecto de Acto Legislativo. De nuevo, la Representante Goebertus es designada ponente para su trámite en Cámara.
La discusión en Comisión Primera ya se dio y también se presentó ponencia negativa, la cual pueden ver aquí.
Les contamos de qué se trata esta reforma constitucional y qué dice la ponencia.
Datos generales
¿Quiénes son los autores?
Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero; y Representante Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático)
¿Quiénes firman la ponencia de archivo?
Los representantes a la Cámara Ángela María Robledo (Colombia Humana); Luis Alberto Albán (Partido Farc) y Juanita Goebertus (Alianza Verde)
1) ¿De qué se trata el Acto Legislativo sobre el que se está debatiendo?
El proyecto quiere adicionar dos nuevos artículos a la Constitución para establecer que los delitos de secuestro y los delitos asociados al narcotráfico no puedan ser considerados conexos a los delitos políticos y, en consecuencia, no estén sujetos a amnistías o indultos.
2) ¿Qué busca la ponencia?
Con esta ponencia negativa se busca archivar la propuesta por ser inconveniente e inocua. Estas son las razones:
Reitera una prohibición que ya existe en el ordenamiento jurídico: la Corte Constitucional ha limitado la concesión de amnistías e indultos a los crímenes internacionales y las violaciones a los derechos humanos, incluido el secuestro, el terrorismo y el narcotráfico. (Sentencias de Constitucionalidad 579 de 2013 y C-674 de 2017). También en la Ley de Amnistía ya se incluye que el secuestro y el narcotráfico con fines de lucro personal no pueden recibir amnisitía o indulto.
Desconoce los avances para aclarar la conexidad: ignora que a partir de la Constitución de 1991 ha habido avances significativos en el sentido de darle un contenido más claro a los criterios de conexidad para determinar qué conductas pueden ser consideradas como delitos políticos o relacionadas con estos y que definitivamente debería excluirse.
Alejaría a Colombia de lograr un cierre definitivo a la violencia: en lugar de avanzar hacia el reconocimiento del fin de la violencia política como resultado de la terminación del conflicto político, sigue abriendo puertas para reciclar violencias y para retroceder en avances jurídicos y políticos significativos.
La propuesta no tiene claridad sobre los objetivos planteados ni cumple con ninguna promesa de campaña de Duque, como lo han querido vender. Al contrario, es una medida regresiva que manda un mensaje perverso a los desmovilizados de las Farc y a las actuales negociaciones de paz con el ELN.
Esta reforma no aplica ni a las FARC, ni al ELN, ni a las BACRIM. Entonces, ¿para qué este proyecto? ¡Para asustar!
Además de esto, podría ser un incentivo para que grupos de criminalidad organizada recluten a antiguos miembros de las Farc aprovechándose del temor sobre su seguridad jurídica.
3) ¿De qué manera afecta o beneficia a los ciudadano?
El Acto Legislativo puede tener implicaciones cuestionables en el marco del Acuerdo de Paz con las FARC, sobre la situación de excombatientes que se sometieron a la JEP y sobre los pactos que realizó el Estado con los pequeños cultivadores de coca.
Es posible que, de aprobarse esta reforma, se imposibilite la salida negociada a confrontaciones armadas que aún persisten en el país, poniendo en riesgo el derecho a la paz y dificultando su obligatorio cumplimiento.
¿Quieres tener más información?
Descarga el texto de la ponencia para segundo debate aquí.
Aquí puedes ver la intervención de Juanita Goebertus en segundo debate.
Aquí puedes ver la presentación: