Nueva legislatura, nueva normalidad

Informe de gestión primer mes de la legislatura 2020-2021

El inicio de la nueva legislatura ha estado tristemente manchado por masacres de líderes sociales y jóvenes. Ponerle fin a esta violencia solo es posible si el Gobierno implementa en serio el Acuerdo de Paz y vuelca todos sus esfuerzos a poner en marcha una verdadera estrategia de seguridad territorial que se adapte al nuevo escenario operacional y busque recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. 

En medio de este difícil escenario retomé las sesiones presenciales y semi-presenciales del Congreso y desde allí hemos seguido trabajando en el seguimiento a la implementación del Acuerdo, haciendo control político a la manera en que el gobierno ha enfrentado la pandemia, y escuchando a las comunidades para construir una visión de desarrollo sostenible para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Aquí les contamos con más detalle nuestro trabajo desde el 20 de julio. 

Junto a más de 80 rectores de colegios y universidades, ex ministros de educación, congresistas de todos los partidos políticos y expertos en temas de infancia y adolescencia propusimos un proceso gradual, contextualizado y seguro de apertura de todas las instituciones educativas del país. Comparto el miedo de abrir las escuelas pero los efectos de mediano y largo plazo pueden ser dramáticos. Aquí pueden ver la propuesta y también está abierta la carta para quienes quieran firmarla.

Presentamos el cuarto informe multipartidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz a 2 años del Gobierno Duque. Encontramos que al ritmo al que vamos nos tardaremos 40 años en implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial; que 2020 ha sido el año más violento para los líderes sociales; y que el Fondo de Tierras solo ha avanzado en un 0.08% de lo que tendría que hacer al año para lograr las metas de acceso a tierras del Acuerdo de Paz. Aquí pueden ver el informe completo,aquí el monitor del COVID_19 en municipios PDET yaquí el mapa interactivo del avance en la implementación.

De la mano de nuestro proyecto #DelCapitolioAlTerritorio con la Fundación Ideas para la Paz publicamos una infografía sobre los avances de la paz en el Congreso. Durante la legislatura 2019-2020, se presentaron 22 iniciativas, de las cuales solo 2 lograron convertirse en Ley; y el 39% de las normas necesarias para la implementación aún están pendientes.Aquí pueden ver el informe completo.

Hoy más que nunca es momento de rodear a quienes se enfrentan a la pandemia y la violencia al mismo tiempo. Por eso, junto a 11 organizaciones de los municipios más afectados por la pobreza, lanzamos la campaña #PorLaSaludRural que busca fortalecer su capacidad a nivel territorial para proveer elementos de bio-seguridad, transportar pacientes, producir alimentos y apoyar a los niños y niñas para que puedan acceder a educación virtual. Aquí pueden conocer cuáles son los municipios, la garantía de transparencia y hacer su donación.

Este mes fue radicado el proyecto de presupuesto para 2021, en el que encontramos una desfinanciación en las entidades clave  para el desarrollo rural y la implementación del Acuerdo de Paz. Además, según MinJusticia, hay un déficit de 19.000 millones de pesos dejando al 43% de los municipios priorizados sin justicia local y rural. Para proteger la vida de líderes sociales y a la comunidad en todo el país, se necesita una presencia integral del Estado.

En el marco de las funciones de control político del Congreso de la República y tras reunirnos con organizaciones sociales y territoriales, enviamos a la Consejería para la Estabilización y a la Agencia de Renovación del Territorio estas consideraciones sobre la elaboración de la Hoja de Ruta en el Catatumbo. Además, hacemos unas recomendaciones para el desarrollo de este proceso en las otras 15 subregiones PDET.

El 20 de julio se instaló el Congreso para la tercera legislatura. El Presidente Duque dio un discurso que estuvo lleno de lugares comunes y falto de inspiración y empatía. Pero lo más graves fue la cantidad de datos falsos sobre los resultados de su política de paz y seguridad. Contrastamos sus datos con la realidad y este fue el resultado.

Una vez promulgado el Acto Legislativo que crea la Región Metropolitana, en el Congreso de la República fue aprobado el protocolo de participación ciudadana para recibir propuestas en la construcción de la ley orgánica que la regulará. Se establecieron 37 audiencias públicas, de las cuales 18 son convocadas por el Congreso y 19 por la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Habitantes de la ciudad y el departamento están invitadísimos a participar de las audiencias públicas inscribiéndose aquí o enviándonos sus propuestas a www.regionmetropolitana.com.Además, podrán tener acceso al resumen de las propuestas recibidas en este enlace.

La principal tarea del Congreso de la República en este escenario de emergencia es examinar las causas que llevaron a su declaratoria y pronunciarse sobre la conveniencia y oportunidad de las medidas tomadas. En cumplimiento del artículo 215 de la Constitución, en Plenaria se sometieron a votación 2 informes sobre el segundo Estado de emergencia, pero la Cámara aprobó el presentado por los partidos de Gobierno. A éste voté negativo. Declarar la emergencia tenía sentido, usurpar la función legislativa no. Al menos el 10% de los decretos no tienen relación con el #Covid_19.

En Comisión Primera y Plenaria citamos a debates de control político al Gobierno para conocer los planes que tienen para acceder a la vacuna contra el #Covid_19Preocupa mucho la ausencia de una estrategia de negociación del país en COVAX para garantizar que la vacuna sea un bien público.

También hicimos un debate sobre la conectividad de internet durante la pandemia: existe una brecha inmensa en conectividad entre el campo y la ciudad rural y sus efectos para la seguridad y la educación en municipios PDET son gravísimos.

Retomamos el trabajo virtual #DelCapitolioAlTerritorio en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y los efectos del #Covid_19 en la región. Escuchamos a víctimas, líderes del grupo motor del PDET y líderes de sustitución de coca de Tarazá, Cáceres, El Bagre, Caucasia, Zaragoza, Nechí, Campamento, Valdivia, Anorí, Ituango y Briceño; y a excombatientes de los ETCR de Santa Lucía, Carrizal y La Plancha. Aquí pueden ver las conclusiones.

Una de las cosas que más me hacen falta de la vida antes de la pandemia es poder visitar en persona estos territorios. Por ahora les envío un informe de seguimiento y un video sobre la visita que hicimos a San José del Guaviare y el ETCR de la vereda Colinas antes de finalizar el 2019, junto a varios representantes. Pudimos conocer de primera mano la situación de seguridad y las dificultades de la sustitución de cultivos, los PDET, la reparación víctimas y el proceso de reincorporación. 

La Cámara de Representantes eligió este mes al nuevo Defensor del Pueblo, después de que el Gobierno postuló una terna sin las condiciones de experiencia propias del cargo ni el compromiso con la defensa de los DDHH. Junto con otros representantes de la oposición anunciamos nuestro voto en blanco porque esta entidad y la garantía de los derechos humanos no resisten un funcionario gravemente cuestionado.Aquí pueden ver nuestra declaración.

A raíz de la captura del expresidente y ex senador Álvaro Uribe, y de los llamados del partido de gobierno a promover una reforma a la justicia y una Asamblea Constituyente con nombre propio, insistí en la importancia de respetar y acatar las decisiones de las Cortes, no dejarnos confundir frente al proceso de paz y trabajar para cumplir de manera efectiva la Constitución de 1991

La incompetencia del Gobierno Duque para traer de vuelta a Mancuso a Colombia no tiene límites. Después de 4 intentos fallidos la falta de voluntad política es clara. No se puede usar a la JEP como excusa, ni tampoco encargarle la tarea al Tribunal Europeo de DDHH. Pedir la intervención de la CPI es reconocer el fracaso del Estado colombiano para investigar, juzgar y sancionar.

En el segundo debate de nuestro proyecto de licencia compartida logramos extender la licencia de paternidad a 8 semanas. Con esto lograremosreducir la discriminación laboral que sufrimos las mujeres como resultado de la maternidad y transformar los roles de cuidado. Aquí pueden ver cómo quedó el texto.

Fui elegida como miembro del Consejo de Política Criminal desde la Comisión Primera de la Cámara. Desde allí podremos insistir en una política criminal basada en evidencia, sin populismo punitivo, que aporte a la seguridad territorial y a la construcción de paz. Aquí pueden ver con más detalle cuáles son las funciones del Consejo.

El Gobierno fue citado a debate de control político sobre Santurbán, sobre el que presenté una moción de insatisfacción por la ausencia de respuestas: no hay estudios hídricos detallados y existen riesgos para el acceso de agua en Bucaramanga. Además, durante el debate, el Ministro Carrasquilla se desconectó de la plataforma diciendo que aún no ha asumido competencias sobre el tema.

Seguimos insistiendo en hacer política con evidencia y el Congreso debe ser el lugar para tener discusiones técnicas y no solo políticas. Este mes se discutió el proyecto #ElQueLaHaceLaPaga al que nos opusimos porque que no lucha contra la reincidencia, no genera incentivos para aceptar cargos y reparar, y no cumple con estándares de política criminal. Aquí pueden ver mis argumentos.

Hubo tres noticias buenas en la reforma a la Ley de Regalías: protegimos la focalización de los recursos del OCAD Paz en los 170 municipios PDET para que las comunidades establezcan las prioridades de inversión; se aprobó el 5% de asignaciones directas para proyectos de infraestructura de Educación Pública Superior; y los conciliadores tumbaron el artículo que le daba gabelas tributarias a los pilotos de fracking.

El pasado 26 de agosto se cumplieron 2 años de la #ConsultaAnticorrupción, en torno a la que nos unimos 11.674.951 colombianos y colombianas para decirle no más a la corrupción. Hoy, solo 4 de los 7 mandatos son ley. Desde el Congreso seguiremos insistiendo en la aprobación de los 3 que hacen falta. Aquí pueden ver un balance de la Consulta.

Este mes publicamos una columna escrita por Sergio Arrieta, asesor de la Comisión de Paz, quien hace un llamado para que las políticas para la reparación de las víctimas y la reconciliación sean realmente implementadas. ¡Disfrútenla!



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