Cuando las víctimas “rechazan” la reparación.

Lecciones pertinentes para el caso colombiano.

Realizado por: Sergio Arrieta Vera



A pesar de que, actualmente, en escenarios de posconflicto o de justicia transicional, la reparación integral de las víctimas es considerada un elemento fundamental[1], algunos casos – como los de Argentina y Sudáfrica – muestran situaciones en las que grupos de víctimas se han opuesto a las políticas de reparación que son implementadas por sus respectivos Gobiernos. Al respecto, algunos autores, que han estudiado casos emblemáticos en los cuales las víctimas rechazaron las reparaciones, resumen las principales razones por las cuales dichos grupos de víctimas perciben en la reparación una estrategia que, en lugar de mitigar el daño causado por la violencia, tiene el objetivo de aplacar sus exigencias de justicia, y disminuir los costos políticos de asumir responsabilidades en las violaciones a derechos humanos[2].


Dichos casos deben servir como lección aprendida para el proceso colombiano, pues – en el contexto de posconflicto y justicia transicional que está apenas comenzando – es clave que las políticas para la reparación y reconciliación que sean implementadas sirvan, en efecto, para mitigar el sufrimiento emocional y social de las víctimas, y para garantizar la no repetición, y que en ningún caso funcionen como una estrategia que deslegitime las exigencias de quienes más han sufrido el conflicto.


En Argentina, por ejemplo, cuando la dictadura militar había terminado, el nuevo Gobierno de ese país – inicialmente - revocó las amnistías que se habían implementado para los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante la dictadura, e inició un proceso de justicia transicional que buscaba perseguir penalmente a los máximos responsables[3]. Sin embargo, tras la presión ejercida por los militares, el Gobierno decidió renunciar a la estrategia de persecución penal, y – en cambio – implementó una serie de amnistías e indultos, acompañadas de estrategias de reparación simbólica y material para las víctimas, especialmente para los familiares de las personas dadas por desaparecidas[4]. En ese contexto, un grupo de víctimas rechazó contundentemente las políticas de reparación del Gobierno; las Madres de la Plaza de Mayo se opusieron firmemente a todas las medidas de reparación, ya fuesen conmemoraciones o indemnizaciones, argumentando que estas “buscaban comprar su silencio” y que ‘el discurso de la reconciliación’ pretendía mitigar sus exigencias de justicia[5]. Por su parte, tras el fin del apartheid en Sudáfrica y la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, algunas víctimas se manifestaron en contra de las estrategias lideradas por dicha Comisión, pues - de acuerdo con ellas - amparados en la necesidad de reconciliar la nación, impusieron a las víctimas una categorización moral positiva o negativa, dependiendo de su ‘capacidad’ o disposición para perdonar y aceptar las medidas de reparación: por un lado, eran aplaudidos los casos de las víctimas que estaban dispuestas al perdón; por el otro, aquellas que no, se vieron encasilladas en categorías negativas, e incluso fueron patologizadas[6].


En su libro, ‘La virtud del resentimiento’, Thomas Brudholm ejemplifica esta situación mostrando una de las declaraciones de la Comisión de Paz y Reconciliación, en la que el comisionado, cuando una víctima manifestó estar en contra de las medidas de reparación implementadas, le preguntó: “cuando dices que, desde que ocurrió el incidente, tienes un problema con la gente blanca, ¿alguna vez trataste de recibir algún tratamiento?”[7]. Así, el autor muestra cómo se asigna al perdón, y a la disposición de aceptar las estrategias de reparación, un valor moralmente superior al hecho de oponerse a las mismas, deslegitimando la percepción de las víctimas frente a las medidas tomadas, cuando estas expresaban que no eran suficientes para mitigar el sufrimiento causado por la violencia.


Sin embargo, ni en el caso de las Madres de la Plaza de Mayo, ni en el caso de Sudáfrica, las víctimas se manifestaron en contra de las medidas implementadas porque rechacen la reparación en sí misma; tampoco se oponen a las políticas que buscan la reconciliación, la no repetición y la construcción de la paz[8]. Por el contrario, se han opuesto a las medidas cuando perciben que funcionan como mecanismos que justifican las acciones violentas y que tienen el objetivo de mitigar sus exigencias.


Mientras tanto, en Colombia, aunque la naturaleza de las victimizaciones es distinta a la de la dictadura argentina y a la del apartheid en Sudáfrica, la mayoría de las víctimas se han organizado, no para oponerse a la reparación integral, sino para exigir que la implementación de las medidas sea más eficiente y pronta. Sin embargo, si bien miles de víctimas se han acreditado para participar en las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, algunas de ellas han expresado algunos reparos a los procesos que se han llevado a cabo. Por esa razón, en el nuevo proceso de justicia transicional que está comenzando --liderado por el SIVJRNR -- es vital que se tengan en cuenta las lecciones aprendidas de otros procesos, y que no se pierda de vista que las instituciones y procedimientos que fueron diseñados cumplan con el propósito para el cual fueron creados: satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.


Para eso, es necesario que todos los actores que participan del proceso actúen de acuerdo con este objetivo… ¿Qué podemos aprender, como sociedad, de los casos en los que las víctimas han rechazado la reparación? Que, en ningún caso, las medidas de reparación integral, de justicia transicional y de esclarecimiento de la verdad deben funcionar como mecanismos para desacreditar las exigencias de las víctimas; también, que los actores que están involucrados en el proceso no deben tener como principal objetivo disminuir el costo político que puede tener el reconocimiento de la responsabilidad, ni intentar justificar de algún modo las atrocidades cometidas.


Muy por el contrario, estamos ante una oportunidad única que no debe desaprovecharse. El Acuerdo de Paz posibilitó la construcción de instituciones y mecanismos robustos, que tienen la posibilidad y el poder de poner al Estado – e incluso a los diversos actores del conflicto armado – al servicio de las víctimas y de la sociedad civil que busca la reconciliación, la paz y el desarrollo de las comunidades más afectadas por la violencia. Ese objetivo no debe perderse en el camino.


Notas:

[1] Claire Moon; ”‘Who will pay reparations on my soul?’ Compensation, Social Control and Social Suffering”; Social and Legal Studies, 21 (2), 2012, pp. 187 – 189.

[2] Roland Reichenbach; Resentment’s virtue: Jean Améry and the refusal to forgive (Book review), Journal of Moral Education, 38 (3), pp 382 – 384; y Claire Moon; ”‘Who will pay reparations on my soul?’ Compensation, Social Control and Social Suffering”; Social and Legal Studies, 21 (2), 2012, pp. 187 – 189.

[3] Claire Moon; ”‘Who will pay reparations on my soul?’ Compensation, Social Control and Social Suffering”; Social and Legal Studies, 21 (2), 2012, pp. 187 – 189.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Roland Reichenbach; Resentment’s virtue: Jean Améry and the refusal to forgive (Book review), Journal of Moral Education, 38 (3), pp 382 – 384; y Claire Moon; ”‘Who will pay reparations on my soul?’ Compensation, Social Control and Social Suffering”; Social and Legal Studies, 21 (2), 2012, pp. 187 – 189.

[7] Thomas Brudholm; Resentment’s Virtue: Jean Amery and the Refusal to Forgive. 2008, Philadelphia: Temple University Press

[8] Claire Moon; ”‘Who will pay reparations on my soul?’ Compensation, Social Control and Social Suffering”; Social and Legal Studies, 21 (2), 2012, pp. 187 – 189.

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