Inclusión digital como derecho cultural

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un instrumento de educación y desarrollo que disminuyen la desigualdad social, reducen la discriminación y están relacionadas con el goce pleno de otros derechos. Por eso, esta ponencia propone que se consigne la inclusión digital como un derecho cultural, económico y social.

Foto tomada de edtechmexico.mx

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se radicó la ponencia para aprobar el proyecto de acto legislativo que establece la inclusión digital como un derecho social, económico y cultural en la Constitución Política.


1) Datos Generales


¿Quiénes son los autores del proyecto?


Los Representantes Diela Benavides Solarte, Juan Carlos Rivera, Germán Blanco Álvarez, Ciro Antonio Rodríguez, Jaime Felipe Lozada, Felix Alejandro Chica, Buenaventura León León, Jaime Felipe Lozada Polanco, José Gustavo Padilla, Yamil Hernando Arana Padauí, Adriana Magali Matiz, Wadith Alberto Manzur, y Felipe Andrés Muñoz Delgado, del Partido Conservador.


¿Quiénes firman la ponencia?


César Augusto Lorduy (Cambio Radical), Jorge Enrique Burgos (Partido de la U), Juan Carlos Rivera (Partido Conservador), Germán Navas Talero (Polo Democrático), Juan Fernando Reyes Kuri (Partido Liberal), Gabriel Jaime Vallejo (Centro Democrático), Luis Alberto Albán (Partido Farc), Juanita Goebertus (Alianza Verde) y Ángela María Robledo (Decentes).


¿Dónde se va a debatir?


El acto legislativo cursará su primer debate en la Cámara de Representantes, en la Comisión I de la Cámara.


2) ¿De qué trata este acto legislativo?


Las TIC son una herramienta poderosa para la reducción de la brecha social y para la creación de oportunidades para la población; el acceso a este tipo de tecnologías contribuye a que la ciudadanía goce plenamente de los derechos a la educación, libre expresión, trabajo y salud. Por eso, organizaciones como la ONU han trabajado de manera constante para promover el disfrute de los derechos humanos en internet y el acceso a este servicio público.


Además, la legislación actual no es suficiente para garantizar el acceso a las TIC, pues busca proteger los derechos humanos en internet y no está relacionada con la proteger y prestar este servicio en todo el territorio nacional.


Por estas razones, inicialmente, este acto legislativo buscaba modificar la Constitución para que el acceso a internet y la inclusión digital fueran incluidos como un derecho fundamental que el Estado debe garantizar en todo el país y protegerlo de la misma manera en que se protegen otros servicios públicos, como el agua, la vivienda o la energía eléctrica.


Sin embargo, esta ponencia considera que es más oportuno incluir este derecho entre los derechos sociales, económicos y culturales que están en la Constitución.


3) ¿Cómo se benefician los ciudadanos?


Este acto legislativo reconoce el deber del Estado de garantizar el acceso a internet y otras Tecnologías de la Información en todo el territorio nacional. Por eso, este acto legislativo beneficia especialmente a aquellos ciudadanos que habitan en territorios rurales dispersos en los cuales la brecha digital es evidente y el acceso a internet y muy limitado.


Este tipo de garantías le facilítará a los ciudadanos herramientas digitales para el entretenimiento, para el trabajo y para la educación.


4) ¿Qué sigue?


Este acto debe cursar su primer debate en la Comisión I de la Cámara de Representantes y luego debe ser aprobado en 7 debates más, tanto en Cámara como en Senado.


5) ¿Quieres saber más?


Descarga aquí la ponencia completa.