Sexto informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz

Este seguimiento incluye las 22 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Algunas de estas fueron de manera virtual a causa de la pandemia.

  • Preocupa que en la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto OCAD Paz.

  • El 2020 ha sido el más violento para los líderes sociales, de acuerdo a las cifras de Indepaz, con 310 asesinatos.

  • Entre 2018 y 2020, los casos de masacres han aumentado en un 175% y las cifras se empiezan a acercar a las de hace una década.

En el marco de la función de control político del Congreso de la República, Representantes y Senadores independientes y de oposición publican hoy las cifras de la implementación del Acuerdo de Paz con corte a diciembre de 2020. Este seguimiento incluye las 22 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Algunas de estas fueron de manera virtual a causa de la pandemia.


En materia de financiación y proyectos, preocupa que en la subregión del Pacífico Medio, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el Gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PDET y no ha aprobado ni un solo proyecto OCAD Paz. Además, el 68% de los recursos del OCAD Paz, se están destinando a municipios que no están priorizados (municipios no PDET) y de los que se destinan a PDET, cerca de la mitad se concentra en solo 4 subregiones: Sierra Nevada- Perijá, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Catatumbo y Macarena- Guaviare


Por otro lado, en materia de seguridad, preocupa el aumento de homicidios en 3 subregiones PDET: Alto Patía y Norte del Cauca, por el recrudecimiento de la guerra en Argelia (76,4%) y El Tambo (68,3%); en Macarena- Guaviare, el aumento de homicidios fue de 362% en La Uribe, 105% en Mesetas, y 69% en La Macarena por la presencia de disidencias; y en el Sur de Bolívar, por la disputa entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.


De los 173 líderes asesinados en 2020 según la Defensoría del Pueblo, el 58,4% se concentra en 5 departamentos: Cauca (24,9%), Antioquia (11,6%), Putumayo (7,5%), Norte de Santander (7,5%) y Chocó (6,9%). El 61,3% se concentra en los municipios PDET (106 homicidios), preocupando especialmente la situación de Tarazá (Antioquia) y Puerto Guzmán (Putumayo) con 7 homicidios cada uno, y de Algeciras (Huila) y El Tambo (Cauca) con 6 homicidios cada uno.


Sobre reincorporación, el 63,9% de los excombatientes no se encontraban vinculados a un proyecto productivo desembolsado por el Gobierno y, desde el inicio del proceso de dejación de armas, hasta diciembre de 2020, 248 excombatientes han sido asesinados.


Y frente a los efectos del Covid-19 en los territorios más afectados por la guerra y la pobreza, se encontró que mientras que a nivel nacional, entre el 2019 y el 2020, se redujo el número de empresas creadas en un 6,7%, en los municipios PDET esta reducción fue del 49,8%.


Los firmantes del informe son: Juanita Goebertus, de la Alianza Verde; Ángela María Robledo, Estatuto de la Oposición; Angélica Lozano, de Alianza Verde; John Jairo Hoyos, del Partido de La U; José Daniel López, de Cambio Radical; Temístocles Ortega, de Cambio Radical; Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático; Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; John Jairo Cárdenas, del Partido de La U; Carlos Ardila, del Partido Liberal; Guillermo García Realpe, del Partido Liberal; y Roy Barreras, de La Fuerza de la Paz.


Aquí pueden ver más datos:


- Aún se encuentran pendientes el 38% de las normas necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz. El punto más atrasado es el de la Reforma Rural Integral: de 36 normas requeridas, sólo se han expedido 15 y la creación de la Especialidad Agraria aún le faltan 2 debates en Senado.


- Del total de proyectos de inversión financiados por OCAD Paz, los que se encuentran en municipios no PDET tienen un avance financiero promedio del 30,7% y un avance físico del 40,19%, mientras que los proyectos que se encuentran en municipios PDET tienen avances de apenas el 23,4% y 16,4%, respectivamente.

- Es preocupante la desaceleración de las obras de infraestructura comunitaria en los municipios PDET: hubo un retroceso del 46% en la implementación de la estrategia en el 2020, comparado con las obras entregadas en 2019; y se pasó de 544 obras iniciadas en el 2019 a 53 iniciadas en el 2020, lo que significa una disminución del 91%.


- Para agilizar la implementación de los PDET, es necesaria la expedición de las hojas de ruta y hoy solo se han expedido 3 de las 16 que se requieren. Además, para reducir la pobreza rural en un 50% es necesario formular 16 Planes Nacionales Sectoriales y, a la fecha, solo se han expedido 9.


- Aumentó el 36,9% de hectáreas deforestadas en la región Amazónica entre el 2019 y 2020.


- El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) avanza de forma lenta: solo el 5,3% de las familias vinculadas cuenta con proyecto productivo.


- En 66 municipios se reportan más hectáreas erradicadas que sembradas. Los departamentos con más casos son: Antioquia, con 17 municipios; Bolívar y Caquetá, 7 municipios.


- Hasta el momento, se ha indemnizado administrativamente al 15,1% de la población sujeta de atención. A este paso, nos demoraremos 57,7 años en indemnizar a todas las víctimas.


- De las solicitudes de restitución de tierras recibidas, el 9,7% ha sido resuelta por un juez.


Aquí pueden ver el informe.

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