El problema de seguridad y control del territorio es uno de los principales retos del país. Realizado por: Nelson González Sánchez.
Tras la firma del Acuerdo de Paz se esperaba lograr cierta estabilización; sin embargo, la intensidad de nuestro conflicto, la presencia de antiguos y nuevos grupos armados, el fortalecimiento de las economías ilegales, y otros factores, han postergado esa expectativa. Ahora bien, ante el deterioro en las condiciones de seguridad y los escándalos -casi semanales- ocasionados por militares y policías, desde diversos sectores se ha empezado una discusión en torno a los servicios de seguridad del Estado. No obstante, esta se ha basado más en la indignación que en otra cosa. En ese sentido, el presente texto busca dar puntadas sobre algunos argumentos que justifican la necesidad de que como sociedad reflexionemos sobre una Reforma al Sector Seguridad (RSS)[1], además de señalar algunos elementos que podrían ser importantes en el mediano y largo plazo.
La experiencia internacional ha demostrado que parte importante del éxito de procesos de transición a la democracia o de construcción de paz, pasa por una reforma profunda a los servicios de seguridad públicos y privados[2]. En Colombia, esta discusión se ha postergado, no se abordó en la Mesa de Negociaciones de La Habana pues el Gobierno consideraba que no era un tema para discutir con las FARC, pero se entendía que era una discusión que debía darse al interior del Gobierno; posteriormente, la contradictoria intensidad e inacción propia de nuestro sistema político ha desplazado el tema, al punto de ser excluido de la agenda pública de gobernantes y legisladores. Pese a lo anterior, más allá de las circunstancias políticas, la RSS en Colombia no deja de tener numerosas razones, las cuales para efectos de este texto se dividirán en tres ejes: contextual, institucional y político.
Ante las nuevas y recicladas violencias, tanto rurales como urbanas, el país se enfrenta a un nuevo contexto sociopolítico, al que las Fuerzas Militares y de Policía parecen no haberse ajustado en su totalidad. El Acuerdo de Paz trajo consigo transformaciones estatales, las cuales se deberían acompañar de reformas militares, aún más si se tiene en cuenta que, como bien lo dijo Humberto De la Calle, “la implementación de los acuerdos, corresponde al cierre del ciclo constitucional iniciado en 1991”[3]. Esto implica, entonces, ajustes en la base del contrato social colombiano, en el cual, las Fuerzas Militares y de Policía juegan un papel primario, que en el marco del conflicto se basó en la guerra contrainsurgente, acompañada de la guerra contra las drogas; en este nuevo contexto, es necesario desmilitarizar la vida pública[4] y repensar las doctrinas militar y policial formadas por más 50 años de conflicto, que -en la práctica-, siguen cruzadas, con lo que tenemos una policía militarizada, lejos de ser el cuerpo civil consagrado en la constitución.
En términos institucionales, las transformaciones de las últimas décadas en la estructura del Estado colombiano permitieron fortalecer el control civil sobre las Fuerzas Militares y de Policía. Sin embargo, las relaciones cívico-militares trascienden la norma -formal-, y más bien se caracterizan por prácticas -informales-, en las que el estamento militar tiene una mayor autonomía. Teniendo presente esto, hay al menos cuatro elementos sobre los que se debería reflexionar: en primer lugar, la tecnificación y el fortalecimiento militar producidos por el Plan Colombia no se acompañaron de un ajuste en los mecanismos de control y rendición de cuentas; en segundo lugar, el papel de la Fuerza Pública en la lucha contra las drogas le ha generado grandes costos humanos, económicos y de legitimidad; en tercer lugar, a lo largo de los últimos años se ha presentado un debilitamiento del Ministerio de Defensa Nacional y su capacidad de liderazgo como eje articulador de la política de seguridad y defensa; y en cuarto lugar, el control del legislativo sobre el sector se ha limitado a la negociación política de los ascensos que pasan por el Senado.
Los representantes políticos, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, no se animan a proponer reformas que permitan solucionar los problemas estructurales del sector defensa. Lamentablemente, ni al presidente Duque ni a los congresistas les gustan los temas difíciles, ya que son de gran costo político interno y externo. Desde la ciudadanía hay pasividad o indignación coyuntural, que poco o nada aporta a solucionar los problemas de seguridad -que habitualmente hacen parte de las principales preocupaciones en las encuestas de percepción ciudadana-. Las repetitivas acciones cuestionables de la Fuerza Pública, que no son de “manzanas podridas”, como justifica el relato oficial, dificultan aún más el desarrollo de cualquier actividad y reflexión seria y rigurosa. Es así como el contexto, el desajuste institucional, la falta de voluntad política, y otros componentes aquí no mencionados, han hecho que durante el gobierno de Iván Duque la favorabilidad de las Fuerzas Militares haya caído en un 22% y de la de la Policía en un 25%[5]. Hechos como la muerte de Javier Ordoñez por causa del maltrato policial en la noche del 8 de septiembre en Bogotá, ayudan a que esta situación tienda a empeorar.
Siempre será difícil tratar temas sensibles, pero es necesario; un gobierno responsable debe hacerlo. En tal sentido, es fundamental pensar en reformas para el mediano y largo plazo, con un nuevo gobierno que construya relaciones de confianza con la Fuerza Pública y tenga la capacidad necesaria para enfrentar las posibles resistencias internas y externas. Se debe cambiar la tendencia de inacción y concesión de los últimos gobiernos y el actual. Por lo tanto, la agenda programática de cualquier partido político que pretenda competir por la presidencia de 2022, deberá incluir la RSS como un asunto estratégico de seguridad nacional y estabilidad política. Finalmente, vale la pena mencionar algunos puntos para futuras reflexiones. Las Fuerzas Armadas y de Policía están encargadas de mantener el contrato social, o de ayudar a consolidarlo, allí donde es informal o ilegal, por lo que su papel en el Estado moderno es fundamental. En ese sentido, como país debemos velar por tener una Fuerza Pública eficiente, valerosa y transparente. Cualquier crítica no debe ser tomada como un ataque; todo lo contrario, lo que debemos buscar es discutir y llegar a puntos comunes que permitan construir la bases de un esfuerzo de largo aliento, el cual se debe concentrar en, al menos, nueve elementos: 1) cambio en la cultura institucional y organizativa; 2) regulación del uso de la fuerza y protección de los Derechos Humanos; 3) reorganización del marco operacional entre Fuerzas Militares y de Policía; 4) articulación entre la Fuerza Pública y el fortalecimiento -en especial territorial- de la administración de justicia; 5) seguridad rural y estabilización; 6) actividades de inteligencia y contrainteligencia; 7) el papel de la Fuerza Pública en la lucha contra las drogas; 8) lucha contra la corrupción intra filas, y 9) rendición de cuentas y control político y ciudadano.
Notas: [1] La Reforma al Sector Seguridad (RSS) consiste en el conjunto de reformas que tienen por objeto aumentar la capacidad de un país para atender las necesidades de seguridad de sus habitantes, de forma consistente con las normas democráticas y con los principios aceptados de gobernanza, transparencia y respeto al Estado de Derecho. Organisation for Economic Co-operation and Development (2007). “The OECD DAC handbook on Security System Reform (SSR): supporting security and justice”. Francia, París.
[2] Irlanda del Norte es un ejemplo de esto. Tras el Acuerdo de viernes santo, en 2001 se reformó la policía: se cambió el nombre del Royal Ulster Constabulary al Servicio de Policía de Irlanda del Norte, también cambiaron los uniformes, símbolos, se introdujo un protocolo de reclutamiento cincuenta-cincuenta (protestantes y católicos) y se avanzó hacia una fuerte formación en protocolos de derechos humanos. O’Rawe, Mary (2009). Security System Reform and Identity in Divided Societies: Lessons from Northern Ireland. International Center for Transitional Justice.
[3] Semana (2 de marzo de 2016). Los mensajes de De la Calle a la Corte Constitucional. Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-humberto-de-la-calle-rechaza-la-constituyente-como-mecanismo-de-refrendacion/459213
[4] Un ejemplo de esto es que para nosotros es muy normal tener una persona armada en la entrada de nuestro conjunto residencial. La desmilitarización de la vida pública, para por, entre otras cosas, la regulación de los servicios privados de seguridad.
[5] Invamer (agosto de 2020). Invamer Poll #138. Colombia.
Bibliografía:
Invamer (agosto de 2020). Invamer Poll #138. Colombia.
O’Rawe, Mary (2009). Security System Reform and Identity in Divided Societies: Lessons from Northern Ireland. International Center for Transitional Justice.
Organisation for Economic Co-operation and Development (2007). “The OECD DAC handbook on Security System Reform (SSR): supporting security and justice”. Francia, París.
Semana (2 de marzo de 2016). Los mensajes de De la Calle a la Corte Constitucional. Recuperado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-humberto-de-la-calle-rechaza-la-constituyente-como-mecanismo-de-refrendacion/459213