Ante la plenaria de Cámara de Representantes se presentó el primer informe de seguimiento al Plan Nacional de Vacunación por parte de la Comisión Accidental creada para estos fines, con el objetivo de identificar cuellos de botella y elaborar recomendaciones para su fortalecimiento.
Este informe se organizó teniendo en cuenta las etapas del Plan, que van desde el proceso de elaboración, hasta la aplicación de las dosis de las vacunas, el seguimiento post vacunación y las perspectivas para continuar haciendo frente a la contingencia en salud. Al final del documento se presentan las conclusiones y recomendaciones.
Para la elaboración del informe de seguimiento se analizó la información proveniente de entidades del Estado como respuesta a derechos de petición, bases de datos disponibles, boletines informativos y opiniones, posiciones y argumentos de expertos en salud como Tatiana Andia, Zulma Cucunubá, Nelson Mariño, Johnattan García, Silvana Zapata, Andrés Vecino, Carolina Gómez y Claudia Vaca.
Quienes integran esta comisión accidental son: Juanita Goebertus Estrada, del Partido Alianza Verde; Ricardo Alfonso Ferro Lozano, Partido Centro Democrático; Armando Zabaraín D’arce, Partido Conservador; José Luis Correa López, Partido Liberal; Jorge Alberto Gómez Gallego, Partido Dignidad; Astrid Sánchez Montes de Oca, Partido de la U; y César Augusto Lorduy Maldonado, de Cambio Radical.
Principales hallazgos
Colombia no le apostó a una negociación multilateral para acceder a las vacunas, abandonó las opciones de producción local y de liberación de patentes para poder cubirir necesidad de nuevas dosis o futuras pandemias.
Ausencia de transparencia en las diferentes fases del plan, lo que ha impedido hacer control político y veeduría ciduadana: hay mucho hermetismo en dar a conocer las condiciones bajo las que se negociaron las vacunas y la información sobre el avance de la vacunación estaba solo disponible hasta hace poco en la cuenta de Twitter de Víctor Muñoz, director del DAPRE.
Sigue faltando el avance de la vacunación por municipio: no se le puede hacer seguimiento por comunidades étnicas, no se diferencia las zonas rurales de las urbanas, y no es posible hacerle seguimiento a la disponibilidad de vacunas a nivel municipal (se saben cuántas se administran, pero no cuántas están disponibles).
Es de reconocer que la priorización, que responde a los criterios de reducir la morbilidad grave y la mortalidad y reducir la transmisibilidad, se están flexibilizando en la medida en que se tiene disponibilidad de vacunas y aumenta la evidencia sobre la enfermedad y avance en la vacunación. Sin embargo, preocupa la ausencia de priorización de comunidades étnicas, migrantes y entes territoriales donde se contemple la posibilidad de un esquema diferenciado para zonas rurales y rurales dispersas.
Preocupa el cambio de fórmula de priorización para entes territoriales: el Gobierno está “castigando” a los municipios que tienen menos avances en la vacunación en lugar de proponer un acompañamiento para el proceso.
Frente a la distribución y logística de las vacunas, Colombia tenía buena experiencia de base con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), pero no se adaptó los suficiente a las necesidades del Plan de Vacunación.
Se ha puesto la mayor responsabilidad en las aseguradoras, lo que implica que el Plan asume los defectos de diseño del sistema salud en términos de diversidad de la calidad entre unas y otras EPS y el déficit de cobertura territorial.
Hay retrasos entre la llegada al país de las vacunas y la asignación a los entes territoriales.
Cerca del 50% de las vacunas aplicadas está con retrasos para pagos. El problema, en parte, radica porque quien hacía normalmente ese reconocimiento era la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), pero durante la pandemia esa misión pasó a manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El Gobierno debe diseñar un plan de comunicaciones que genere mayor confianza sobre la población respecto a la vacunación contra el COVID-19, sus procesos de autorización, sus características y efectos en coordinación con profesionales independientes expertos en salud y en epidemiología, con la academia y con los medios de comunicación tradicionales como radio, televisión y periódicos, puesto que el medio de acceso a la información varía según la zona urbana, rural o incluso de acuerdo a las edades de las personas.
Frente a la identificación de las personas a vacunar, las eps tienen subregistro e invisibilidad de población vulnerable y el agendamiento se convirtió en un cuello de botella que se debe reconsiderar para las fases que quedan, teniendo en cuenta que es el de mayor número de población.
Alguna recomendaciones
Modificación y ampliación de portafolio de vacunas.
Acompañar el levantamiento de patentes.
Anticipar la adquisición de nuevas dosis.
Diseñar un plan de comunicación neutral.
Implementar canales de atención ciudadana efectivos.
Implementar la estrategia de priorización en todas las fronteras.
Es necesario que la información pública disponible sobre el PNV sea completa y precisa.
Es urgente que se implemente una estrategia simplificada de reporte de información, con el fin de evitar que se presenten discrepancias.
Generar estrategias de demanda para la vacunación y no solo de oferta.
Se debe hacer un seguimiento a las nuevas estrategias de priorización territorial.
Crear una plataforma de fácil acceso para el reporte de efectos adversos por parte de los ciudadanos ya vacunados.
Es necesario que el Ministerio de Ciencia juegue un papel más proactivo en la contingencia actual.
Se recomienda que se establezca una responsabilidad mayor de los privados hacia la vacunación poblacional.