En el estudio del PND, hay 3 temas concretos que nos preocupan frente a la construcción de paz, el presupuesto de la implementación y las metas para el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Aquí les contamos cuáles son.
Están en riesgo los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz.
El artículo 4 del proyecto, que contempla el Plan Plurianual de Inversiones, no tiene una sección específica de paz, contrario a lo que establece la Constitución desde el Acto Legislativo 1 de 2016, que señaló que el Plan Plurianual debía tener una sección específica de Paz.
Sumado a esto, si bien las bases del plan contemplan un Plan Plurianual de Inversiones, este deja entrever que no son recursos adicionales, de nuevo violando lo que obliga la Constitución, que dice que deben ser recursos adicionales.
Los 37 billones que incluye el Plan Plurianual para la paz están distribuidos entre los distintos pactos, diciendo, por ejemplo, cuánto se aporta del Pacto para la Equidad, cuánto se aporta del Pacto para la legalidad, cuánto de aporta del Pacto para el Emprendimiento, dejando en evidencia que, contrario a lo que establece la Constitución, no son recursos adicionales.
Y además, si se comparan esos 37 billones con el Plan Marco de Implementación, se encuentra con que la apuesta de este Gobierno sería únicamente concentrar un 29% de los recursos requeridos para la construcción de paz y en general para la implementación del Acuerdo de Paz.
No hay metas para el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad.
Un segundo bloque de temas que se han mencionado, tiene que ver con las metas del Plan, y en particular con la idea de que el principal objetivo del acuerdo de paz no era simplemente la dejación de las armas por parte de las FARC, sino el cierre de la brecha ante el campo y la ciudad, la transformación de esas regiones más afectadas por el conflicto y que, para hacerlo, hay que volcarse realmente sobre esas zonas que han sufrido los mayores indicadores de pobreza, de inseguridad, la peor institucionalidad y presencia de economías ilícitas.
Lo que se encontró es que en las distintas metas en temas de pobreza, de educación, de salud, de política para juventudes, política para tercera edad, etc, los recursos y metas destinados a la paz son muy bajos: el que más tiene es un 4% de presupuesto destinado a la ruralidad, cuando es ahí donde se concentra la mayor cantidad de desigualdad.
5 temas críticos relacionados con la implementación de los acuerdos de paz, que el Plan de Desarrollo no contempla o contempla de manera insuficiente.
El primero es el tema de de la política de reparación de víctimas, cuya meta sería la más baja históricamente de reparación de víctimas en el cuatrenio.
Están pretendiendo reparar 282.000 víctimas menos que el cuatrenio anterior, cuando de cara a un universo de 8 millones de victimas, se han logrado reparar hasta el momento el 12% que, siendo una cifra bajita a pesar de los esfuerzos tan grandes que se han hecho, la pretensión del Gobierno Duque no es avanzar de la manera más rápida en la reparación al año de las víctimas para lograr repararlas de la manera adecuada, sino reparar menos víctimas al año.
El segundo tema es el de restitución de tierras
El Plan de Desarrollo no contempla ni una sola meta de restitución de tierras a pesar de que todavía el reto implica evacuar por lo menos 15.000 solicitudes que tienen aval del gobierno anterior y que deben seguir su curso, y frente a las cuales el Gobierno Duque no se estaría comprometiendo.
¿Qué le dice ahora el Gobierno Duque a los desplazados víctimas de despojo?
El tercer tema es el de reincorporación
Si bien hay una meta concreta de 2500 personas reintegradas, que se refiere a la reintegración individual, no hay ninguna meta frente a los 13.000 excombatientes de FARC que deben agotar su proceso de reincorporaciòn. Es decir, no hay una ruta clara que nos permita decir, contrario a los individuales, cuántas personas habrán culminado su ruta de reincorporación o por lo menos avanzado el 50% de su ruta de reincorporación al final del cuatrenio.
El riesgo más grave de seguridad que enfrenta el país es el potencial fracaso del proceso de reincorporación. Y sin embargo, Duque no se compromete con ninguna meta para la reincorporación efectiva de los 13.049 ex combatientes de las FARC.
El cuarto es todo el tema de cultivos de uso ilícito
Es bien preocupante porque, básicamente, de cara al universo de 90.000 personas que firmaron los acuerdos de erradicación concertada que aún no han hecho la fase de sustitución, se dice que solo se avanzará en 64.000 casos de sustitución efectiva, por lo cual anuncian que le van a incumplir a un grupo amplio de familias que efectivamente erradicaron y a las que no les van a hacer proceso de sustitución.
El 35% de familias que han venido cumpliendo con la erradicación concertada de cultivos ilícitos no tendría acceso a la sustitución. Duque le apuesta a erradicación forzada (con resiembra de hasta el 63%) y no a la sustitución con desarrollo rural.
El quinto tema es la tensión entre las ZEII y los PDET
De este tema se viene hablando desde la Ley de Orden Público el año pasado: la tensión entre estas nuevas zonas que está creando el Gobierno, las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que vienen desde el Acuerdo de Paz.
En la Ley de Orden Público se había logrado avanzar en que, donde coincidieran estas dos zonas, se tuvieran que articular bajo un Gabinete de Paz, donde el liderazgo fuera civil y no se desconociera la participación ciudadana de más de 190.000 comunidades que intervinieron en la elaboración de los planes para los 170 municipios que están identificados de los PDET.
Y sin embargo lo que se encuentra en el articulado del Plan de Desarrollo, es que la hoja de ruta de intervención integral, que es la política que ha propuesto el Consejero para la Estabilización y la Consolidación, no se articulan las ZEII, contrario a lo que dice la Ley de Orden Público.
Propuestas para el debate
1. Rotular las secciones del Presupuesto General de la Nación, marcadas específicamente como de paz. Esto implicaría un artículo nuevo dentro del Plan de Desarrollo.
2. Asegurar que los recursos de obras por impuestos de las Zomac se prioricen para las zonas PDET.
3. Crear una categoría especial de municipio PDET para las transferencias del Sistema General de Participaciones, reconociendo la importancia de focalizar recursos en estas zonas.