Otorga y desarrolla garantías y herramientas para la promoción de los derechos a la participación ciudadana, la asociación, la movilización y protesta pacífica.
Descargar el texto aquí.
¿Qué problemas busca resolver?
La ausencia de espacios reales y efectivos de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que les afecte.
La creciente crisis de legitimidad institucional en especial de órganos de representación como el Congreso de la República, Concejos Municipales, Asamblea de Diputados, gobiernos locales y gobierno nacional.
¿Cómo beneficiaría a la población joven colombiana?
Este proyecto busca:
Garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, las organizaciones y movimientos sociales
Reconocer a los actores sociales como agentes que aportan a la construcción de planes, programas y políticas públicas
Respetar y garantizar la libertad de expresión, la movilización y protesta pacífica
Diseñar estrategias para fomentar el diálogo deliberante con el Estado
Promover escenarios de democracia directa y participativa.
¿Qué proponemos?
Garantías para el reconocimiento y autonomía de las organizaciones y los movimientos sociales, acceso a la información pública; participación ciudadana; ejercicio del control social de la acción estatal; movilización y la protesta pacífica.
La creación del sistema público unificado de registro de organizaciones y movimientos sociales con el objetivo de que sean involucradas en las discusiones de política publica.
Pone en el centro el deber del diálogo social como mecanismo fundamental para la construcción y relacionamiento con el Estado.
Se asigna el deber a las organizaciones y movimientos ciudadano de promover principios que cumplan con la Constitución.
Aquí pueden leer el texto de la ponencia en primer debate