Este es el octavo informe multipartidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.
La Reforma Rural Integral es el punto del Acuerdo de Paz más rezagado en expedición de normas: del total normas requeridas para su implementación falta el 58 %.
No hay transparencia en los datos entregados por la Agencia Nacional de Tierras, lo que dificulta el seguimiento y monitoreo de los avances.
El 96,14 % de los municipios están por formar o su catastro está desactualizado total o parcialmente, lo que puede convertirse en caldo de cultivo para el desplazamiento forzado, el despojo o la apropiación ilegal de baldíos, entre otras consecuencias.
Aquí puede descargar el informe completo:
Bogotá. 4 de octubre de 2021.- En el marco de la función de control político del Congreso de la República, Representantes y Senadores independientes y de oposición publican hoy el informe de seguimiento sobre la implementación de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, que busca la transformación estructural del campo creando condiciones de bienestar para la población rural.
En este octavo informe multipartidista, se incluyeron los hallazgos de las 26 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).
Uno de los hallazgos del informe es que en 9 subregiones PDET no se ha entregado ni una sola hectárea de tierra proveniente del Fondo de Tierras: Arauca, Chocó, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Macarena-Guaviare, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera Nariñense, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba y Sur del Tolima. Y, en cuanto a la formalización de la pequeña y mediana propiedad rural, el Gobierno actual tan solo está formalizando el 0,10% de lo que debería estar haciendo anualmente para cumplir con la meta del Acuerdo (7 millones de hectáreas en 10 años).
Por otro lado, el Gobierno Duque no ha cumplido con las metas que se trazaron en el Plan Nacional de Desarrollo sobre actualización catastral: el 60 % del área del país estaría actualizada para el 2022 pero, hasta la fecha, el 96,14 % de los municipios están por formar o su catastro está desactualizado total o parcialmente.
Sobre los municipios PDET, de las 16 Hojas de Ruta que se necesitan para implementarlos, apenas se han expedido y se encuentran publicadas 6 (con corte a agosto de 2021): Catatumbo, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Putumayo, Montes de María y Chocó; de los 170 municipios PDET, 53 no han sido beneficiarios de recursos de regalías aprobados en el OCAD Paz.
Sumado a lo anterior, apenas 7 subregiones PDET cuentan con proyectos OCAD Paz terminados y, al comparar el porcentaje de proyectos terminados sobre aprobados, se encuentra que mientras que en las subregiones PDET el 7,3% de los proyectos aprobados se encuentran terminados, en el resto del país este porcentaje es 7 puntos porcentuales superior (14,9%).
Sobre los planes nacionales, que son la oferta especial que tendría el Gobierno para que los distintos sectores puedan cumplir con lo acordado, a 5 años de la firma, siguen pendientes 7 de 16 planes.
Congresistas que firman este informe: Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Wilmer Leal y Antonio Sanguino, del Partido Verde; Ángela María Robledo, Estatuto de la Oposición; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Roy Barreras, La Fuerza de la Paz; Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe y Carlos Ardila, del Partido Liberal; John Jairo Hoyos y John Jairo Cárdenas, del Partido de La U.
Sólo se está formalizando anualmente el 0,10% de las tierras para cumplir con la meta de 7 millones de hectáreas en 10 años
Otros hallazgos
- No hay transparencia en los datos entregados por la Agencia Nacional de Tierras, lo que dificulta el seguimiento y monitoreo de los avances. La entidad manifiesta que, en los primeros 4 meses de 2021, se formalizaron 131.236,15 hectáreas (equivale al 21,18% del total de tierras durante el Gobierno Duque) y distribuyeron 126.650,68 hectáreas beneficiando en su totalidad a comunidades étnicas, pero no discriminan cuáles son los grupos beneficiados.
- A estos datos sin precisar, se le añade la alerta que emitió la Procuraduría (2021) donde señala que un área importante de los reportes de gestión de la Agencia Nacional de Tierras corresponden a procesos que se culminaron antes de la firma del Acuerdo de Paz, lo que implica que los datos reales de la gestión de la Agencia serían mucho menores.
- No hay claridad en las metas de acceso a tierras por parte de este Gobierno, así como la discrepancia entre los reportes de metas y avances entre distintas entidades del Gobierno encargadas de la implementación de la Reforma Rural Integral.
- Sólo el 17,9% de las hectáreas que han ingresado al Fondo de Tierras han sido efectivamente distribuidas desde el inicio de la implementación del Acuerdo, lo que implica que debe haber una aceleración urgente para cumplir con la meta del Fondo de Tierras en 12 años.
- Hay una alta diferencia en el número de obras de pequeña infraestructura terminadas entre las subregiones PDET. Por ejemplo, Pacífico Medio aún no cuenta con ninguna obra terminada, mientras que Macarena- Guaviare cuenta con 240, lo que es preocupante ya que estas obras estaban concebidas como una llegada rápida de la oferta del Estado a los territorios.
- Después de más de dos años que se pasó el programa de vivienda rural del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda, no han expedido el nuevo plan con los ajustes correspondientes. Esto ha generado que no exista claridad sobre la oferta, los recursos y las metas específicas para este importante tema, teniendo en cuenta su incidencia en las condiciones de vida de las comunidades rurales y la reducción de la pobreza.
- Preocupa de manera especial la demora en la expedición del Plan Nacional de Zonificación Ambiental ya que el Acuerdo Final señaló que éste sería expedido en un plazo no mayor a dos años. Estamos cerca de cumplir 5 años de la firma del Acuerdo y aún no se cuenta con acto administrativo del Plan.
- El Plan Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural avanza muy lento, sin una focalización clara en municipios PDET y presenta inconsistencias en el registro de avances en el sistema administrado por el DNP y que hace seguimiento a la implementación.
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