Columna publicada en El Tiempoe, el 8 de junio de 2021
Durante las últimas cuatro semanas he escuchado a más de un centenar de jóvenes que participan en las manifestaciones en Cali, Ibagué y Pereira. Desconfían de la policía, y no de ahora, desde antes por el mal trato y la estigmatización en sus barrios. Quisieran estudiar, pero no encuentran cupos universitarios. Quisieran trabajar, pero sin experiencia nadie los contrata. Quisieran emprender, pero la cantidad de trámites y costos para montar empresa les cierra puertas.
Es lógico que sintamos desesperanza cuando ante este escenario este Gobierno ha sido incapaz de sentarse a escuchar a los jóvenes y poner en marcha una hoja de ruta sencilla que permita avanzar en medidas para garantizar al mismo tiempo la protesta pacífica y lograr el desbloqueo, mientras inicia una mesa de negociación seria para discutir reformas estructurales.
Oír a estos jóvenes es palpar el fracaso de nuestra democracia representativa. He sentido profunda angustia de pensar que se nos escurre la precaria institucionalidad entre los dedos.
En medio de una pandemia que llevó a 3.55 millones de colombianos y colombianas a la pobreza, a 4 millones -sobre todo de jóvenes y mujeres- a perder sus empleos y a 2.4 millones de hogares a comer menos de tres comidas al día, es apenas obvio que hierva la indignación.
Y también entiendo que este escenario nos genere miedo. Porque ante el caos y la falta de liderazgo movimientos populistas y autoritaritos de derecha o de izquierda, como los que han surgido en toda la región, pueden cabalgar sobre la rabia y llegar al poder para repudiar las instituciones democráticas.
¿Por qué, entonces, tener esperanza? Porque a lo largo de nuestra historia en los momentos de mayor crisis los colombianos y colombianas, en las calles y en las instituciones, hemos sido capaces de evitar el camino del autoritarismo y las dictaduras. Hemos sabido trabajar entre contradictores políticos, incluso entre enemigos en armas, para lograr puntos de encuentro en medio de la diferencia.
Eso es justamente lo que busca la “Coalición de la Esperanza”, un grupo de líderes políticos que antes fueron contendores y que hoy se unen para proponer un proceso de cambio responsable.
De nuestra coalición hacen parte Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Ángela María Robledo, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo y el Partido Alianza Verde. Faltan otros líderes valiosos como Alejandro Gaviria y Cecilia López, que ojalá se unan pronto.
Es un grupo de ciudadanos que quiere dejar atrás la peleadera, concentrarse en proponer soluciones a los gravísimos problemas que enfrentamos y unir al país.
En especial proponen priorizar sus esfuerzos en cuatro causas: combatir el desempleo y la desigualdad, garantizar la seguridad y la paz territorial, defender nuestra biodiversidad y recuperar la confianza en las instituciones.
Primero, los miembros de esta coalición defienden una economía de mercado productiva y competitiva que permita generar riqueza, empleos y proteger la propiedad privada. Pero reconocen que el mercado, por sí solo, ha probado ser incapaz de luchar contra la pobreza y la desigualdad. Por eso proponen una economía al servicio de la ciudadanía, basada en un balance entre Estado, mercado y comunidad, con un sistema tributario justo al que todos contribuyamos según nuestra riqueza y nuestros ingresos, y que permita redistribuir en serio en favor de los más pobres y vulnerables, y de los territorios más abandonados.
Segundo, están convencidos de que garantizar la seguridad urbana y rural pasa por una reforma profunda al sector seguridad, que permita recuperar la eficacia y garantizar la legitimidad de la Fuerza Pública, asegurar la presencia integral del Estado en el territorio, fortalecer la capacidad de judicialización del crimen organizado e implementar a fondo el Acuerdo de Paz para erradicar la pobreza en el campo.
Tercero, saben que en el segundo país más biodiverso del mundo no podemos seguir promoviendo soluciones económicas de corto plazo en desmedro de las generaciones futuras. Y que la principal tarea frente a la crisis climática es frenar la deforestación porque nuestra biodiversidad nos presta valiosos servicios ambientales a nosotros y al mundo, como evitar pandemias. Por eso están comprometidos con acelerar la transición energética y la descarbonización de nuestra economía.
Y cuarto, reconocen que nada de esto será posible si el Estado no se toma en serio su déficit de legitimidad, renuncia a gobernar a punta de mermelada para una clase política corrupta y pone en marcha reformas profundas para recuperar la confianza ciudadana. Esto implica recortar privilegios y gastos innecesarios; tomarse en serio que nuestra democracia debe ser participativa y que por lo tanto el diálogo social incidente debe ser permanente; aplicar un principio de transparencia radical en todas las actuaciones públicas; defender la separación de poderes y la independencia de los órganos de control; proteger la libertad de prensa, en particular de quienes más críticos sean; y asumir un compromiso inquebrantable con no cambiar las reglas del juego democrático.
Quienes asumimos cualquier liderazgo en el país no tenemos derecho a seguirle quedando mal a la juventud. Es fácil canalizar la indignación ciudadana para desmantelar la democracia. Es fácil también quedarse con el miedo y la falta de autocrítica, no haciendo nada para ofrecer soluciones. Nosotros proponemos canalizar esa indignación y ese miedo, no hacia la división y la destrucción, sino hacia el desarrollo de reformas que por fin mejoren la calidad de vida de todos y todas. Tengo esperanza en que este país puede y debe ser mucho mejor si remamos juntos.