Ya fue radicada la ponencia para tercer debate del proyecto que crea la Especialidad Agraria. Se debatirá en Comisión Primera de Senado.
Este proyecto busca adecuar y articular la estructura de la Administración de Justicia y su organización institucional y procedimental, para implementar la especialidad agraria y rural en las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo en Colombia. En términos generales, por esta vía se pretende:
Hacer efectiva la cláusula constitucional de Estado Social de Derecho, desde la perspectiva del ordenamiento y acceso progresivo a la propiedad de la tierra en Colombia.
La protección a los trabajadores agrarios (CP., arts. 1, 64, 65 y 66).
Cumplir con lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2017.
Integrar dicho esquema en la ley estatutaria de administración de justicia.
Con el fin de lograr los propósitos previstos el proyecto de ley crea la especialidad agraria y rural en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contencioso administrativa. Además del arreglo institucional, establece los asuntos que serán de competencia de estas autoridades jurisdiccionales y fija el procedimiento para resolver las controversias que surjan a propósito de los asuntos de su competencia.
Además de la novedad de crear una especialidad para resolver los conflictos propios de la ruralidad, el presente proyecto dispone de varias herramientas que buscan equilibrar la desigualdad en las relaciones de uso y tenencia de la tierra y de acceso a la administración de justicia. Al respecto, por ejemplo, dispone la creación de despachos judiciales itinerantes, establece la posibilidad de fallos extra y ultra petita atendiendo a las particularidades del litigio; posibilita la representación de las partes por diversos actores, lo que facilita el acceso a la administración de justicia; entre otras medidas.
Adicionalmente, hace énfasis en la disponibilidad de mecanismos alternativos de resolución de conflictos atendiendo a la naturaleza de muchos conflictos en la ruralidad y a la deseabilidad de evitar el escalamiento de las controversias.
En suma, es un proyecto que busca retomar varios intentos fallidos por dar una respuesta institucional a los conflictos propios de la ruralidad, mediante herramientas novedosas que garantizan el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos de las zonas rurales.