Estudié derecho—en el pregrado y en dos posgrados- pero cada vez soy más crítica de mi profesión y de mi gremio. Creo que la autocrítica es una actitud necesaria para evitar seguir (re)produciendo problemas, para no creernos el cuento de que los abogados somos super necesarios, y para darnos cuenta de que nuestra formación es muy limitada, incluso nula, para responder a problemas sociales estructurales.
El objetivo de este texto es presentar unas breves reflexiones sobre el exceso de abogados y sus efectos. Aunque en esta entrada no tengo el ánimo de ser exhaustiva, sí veo con mucha preocupación la inacción colectiva que tenemos frente al fenómeno de la sobre producción de abogados. Me referiré a dos dimensiones: una cultural (si se quiere)—que se refiere a las condiciones que propician que muchas personas quieran formarse como abogadas-- y otra, explorada recientemente por varios autores, relacionada a la disciplina. En la formación jurídica y en los controles al ejercicio profesional que precarizan la calidad de los abogados y crean incentivos para el crecimiento del mercado jurídico.
En 1920 el procesalista italiano Piero Calamandrei escribió un libro llamado “Demasiados abogados” en el que mostraba el aumento de esos profesionales en Italia entre 1880 y 1913. Calamandrei advirtió que el problema en el incremento del número de abogados tenía que ver principalmente con lo que denominó “la decadencia moral de la profesión”, que consiste en la transformación de la “institución de la abogacía de benéfico freno en peligroso estímulo de la litigiosidad y de la mala fe judicial”.
Sin querer afirmar que los problemas que identificó Calamandrei en Italia a principios del siglo XX son los mismos de Colombia hoy, sí es cierto que el exceso de abogados afecta la práctica jurídica y las relaciones mediadas por el derecho de los ciudadanos con el Estado.
De acuerdo con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas -CEJA- Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más abogados (355 por cada cien mil habitantes), solamente superado por Costa Rica (389 por cada cien mil habitantes). En Colombia hay 192 facultades de derecho en las 300 universidades activas y durante 10 años (de 2008 a 2018) el número de graduados se ha duplicado: pasó de 9328 en 2008 a 18418 en 2018. El problema, además de una sobreproducción de abogados, no puede aislarse del impacto de eso en el mercado laboral en general, y en la relación con el Estado en particular. La comparación con otros pregrados es muy diciente: en 2018 se graduaron 2453 economistas, 683 politólogos, 498 sociólogos, y 266 historiadores[1].
En Colombia gran parte de la interlocución de los ciudadanos con el Estado se da a través del derecho, entendido aquí como un lenguaje -demasiado enredado en la mayoría de casos- y un conjunto de instrumentos y prácticas usados para mediar dicha relación. En ese campo los abogados monopolizan la discusión, pues son quienes están entrenados para entender y comunicarse con ese lenguaje, y para aplicar o exigir la aplicación de los instrumentos.
Hasta ahí no hay mayor diferencia con otras profesiones, en las que se entrenan personas para adquirir técnicas y ser expertos en lenguajes y prácticas particulares. Sin embargo, en el caso de la profesión jurídica hay al menos dos elementos que lo hacen diferente; por una parte, la judicialización de aspectos que no necesariamente deberían seguir ese camino -los conflictos y la política-; y, por otra parte, la precarización en la formación jurídica que afecta la calidad de la relación que ciertas personas y sectores de la población tienen con el Estado.
Sobre el primer aspecto, varios autores han señalado que en Colombia ha habido un fenómeno de judicialización de la política, es decir, la solución judicial de asuntos tradicionalmente decididos por medios políticos[2]. Esta situación crea una percepción de que los abogados son los profesionales idóneos para resolver problemas propios de la democracia; y, a su vez, da lugar a ideas, no necesariamente ciertas, de que para participar en lo público la formación que se requiere es en derecho.
Al fenómeno de la judicialización de la política se suma la tendencia a recurrir a las leyes para atender problemas sociales o reconocer situaciones. Esto se evidencia en la cotidianidad del Congreso que expide (i) actos legislativos para reconocer cualquier situación como derecho fundamental, así en la práctica no sirva para garantizar una protección efectiva; (ii) leyes de honores para atender problemas de acceso a bienes y servicios públicos de los municipios; (iii) “prohibicionitis” aguda, como si fuera la solución contra las conductas indeseadas; y un extenso etcétera. Entonces, en tanto el entrenamiento de los abogados es para interpretar, aplicar y exigir la aplicación de las leyes, el constante uso y abuso en su creación abre más espacios para que los abogados sean percibidos como necesarios en la interacción reglada entre los individuos, y entre estos y el Estado.
La creación de más leyes y más ámbitos de participación de los abogados también puede ser un factor de aumento de la litigiosidad. No tengo certeza sobre la correlación entre más leyes y más litigios, pero no me parece descabellado pensar que, por ejemplo, la creación de más tipos penales, la complejización de trámites burocráticos, y la hiperespecialización en la regulación de diversos asuntos pueden favorecer el aumento del protagonismo de los abogados. Asimismo, esto está acompañado de una tendencia por parte de las personas a involucrar abogados en sus disputas o sus necesidades ante la administración: buscar abogados de familia para asesorar divorcios o sucesiones, a pesar de que ambos se pueden adelantar ante notarios -que, en todo caso, son abogados- o recurrir a acciones judiciales, sobre todo penales, para “amenazar” a alguien y hacer que cumpla una obligación (el ejemplo tipo es el delito de inasistencia alimentaria). Es la judicialización de la conflictividad.
Pero, además, lo anterior solo se refiere al rol de los abogados como litigantes o asesores privados. Otro papel fundamental que debe considerarse son los abogados en el sector público, en particular, en la Rama Ejecutiva. No tiene nada de extraño que las áreas jurídicas de las entidades públicas estén conformadas principalmente por abogados; sin embargo, no es igual de lógico que sean los mismos abogados los perfiles que prevalecen en las oficinas de crear políticas públicas. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 31% de cargos en el Estado están ocupados por abogados[3]. Los abogados no estamos entrenados para analizar problemas sociales y proponer soluciones a ellos, para eso están las personas formadas en ciencias sociales, o economía. Y mal hacemos tanto los abogados, como las divisiones de recursos humanos, en equiparar en las convocatorias laborales el perfil profesional de un abogado, al de un sociólogo o un antropólogo.
Si bien cada vez más hay abogados con formación en otro programa, no es una exageración decir que en el ejercicio del cargo prima la formación jurídica; esto ocurre porque es común creer que los problemas sociales pueden ser traducidos en problemas jurídicos y que, en consecuencia, una solución jurídica es suficiente para responder a un problema social. Una situación que ejemplifica esto es la definición de la política criminal. En tanto la política criminal históricamente se ha atendido desde el derecho penal, lo común es dejar a abogados, en su mayoría penalistas, su definición. Los pasados 19 y 20 de febrero de 2020 el Ministerio de Justicia hizo un evento sobre acceso a la justicia; el panel sobre racionalización de la política criminal estaba compuesto exclusivamente por abogados: Andrés Martínez, magistrado del Tribunal Supremo de España; Ricardo Hinojosa, Juez Federal de Texas; Alfonso Gómez Méndez, ex Fiscal General; Paula Ramírez, procuradora delegada del Ministerio Público en Asuntos Penales; y Christian Wolffhugel, Director de Política Criminal del Ministerio. Todos son abogados con las más altas credenciales, pero la política criminal no es un asunto exclusivamente jurídico: ¿dónde están los sociólogos y antropólogos que estudian el fenómeno criminal? ¿dónde están los economistas que estudian la eficiencia de la política? Si este tema que es uno donde parece más clara la participación de abogados, ahora imagínense otros donde poco o nada tenemos para aportar (reducción de la pobreza, acceso a salud y a educación, etc.)
Dejemos de creernos el cuento de que podemos hablar de todo, sobre todo en situaciones donde los abogados hemos creado y reproducido el problema durante décadas.
La sobrejudicialización y la participación indiscriminada de los abogados no puede leerse separada de la formación jurídica y la regulación de la profesión. En una interesantísima investigación publicada en agosto de 2019[4], María Adelaida Ceballos y Mauricio García estudian la profesión jurídica en Colombia, la distinción en el tipo de universidades, los egresados, y los mercados donde se ocupan. Afirman que la profesión jurídica en Colombia tiene tres características:
1. Falta de regulación por parte del Estado y de autorregulación de quienes ejercen la profesión jurídica;
2. Diferencias en la calidad en la formación que dependen de los recursos económicos de los estudiantes que les permiten acceder a mejores -y más prestigiosas- universidades; y
3. Feminización de la profesión y la existencia de techo de cristal para las abogadas.
Brevemente hablaré de las dos primeras características.
Ceballos y García afirman que la mayoría de estudiantes que ingresan a estudiar derecho se gradúan -a diferencia de otras carreras que tienen más filtros durante el pregrado- y si se tiene en cuenta que pocos de esos programas se encuentran acreditados -en 2015 únicamente 35 de 178 existentes contaban con acreditación- la mayoría de los egresados provienen de universidades de baja calidad. El escenario no es muy distinto en los posgrados, donde existen alrededor de 600 en su mayoría ofertados por instituciones no acreditadas.
A la proliferación de centros de formación de baja calidad se suma, por un lado, la falta de filtros para acceder al ejercicio de la profesión. Por ejemplo, es suficiente con el diploma (y no en todos los casos experiencia) para ser litigante, juez o notario. Esta situación es radicalmente diferente a Estados Unidos o Alemania. Por otro lado, hay controles escasos y débiles durante el ejercicio profesional, pues la figura de los colegios profesionales no es relevante y rechaza la intervención de la regulación del Estado que hoy por hoy ejerce el Consejo Superior de la Judicatura.
Entonces, pareciera que hay suficientes incentivos para querer convertirse en abogado: diversidad -en permanente crecimiento- de ámbitos laborales; amplia oferta, para todos los bolsillos, de centros de formación en derecho; y pocos controles para el acceso y el ejercicio de la profesión. Ceballos y García sugieren varios elementos para resolver los problemas en la calidad y la segregación de la formación jurídica, y esas recomendaciones hay que tomarlas en serio. En la discusión pública se ha hablado sobre regular el acceso al ejercicio profesional mediante un examen y también se ha discutido sobre los controles a los abogados en ejercicio. Pero estas medidas son insuficientes. Si no se atacan los incentivos, que están relacionados entre sí y ¡van más allá de una norma! no lograremos atender el problema, que no es únicamente cuantitativo, sino que refleja la tendencia de la juridización de la vida.
Lo que hasta aquí he dicho no desconoce que hay abogados que desde el derecho, o desde el reconocimiento del valor de la interdisciplinariedad, han contribuído enormemente a dar soluciones a muchas problemáticas; varios ejemplos de ello los ilustra muy bien Julieta Lemaitre en su libro El derecho como conjuro. Pero considero que de la mano del elogio debe ir siempre la crítica y, sobre todo, la autocrítica. Cuestionarnos como abogados, pero también como agentes que podemos estar contribuyendo al problema es una responsabilidad profesional.
Como dijo Calamandrei en 1920 y tan vigente cien años después: son necesarios pocos abogados y bien escogidos; de otro modo la utilidad social de la abogacía es una mentira y una ironía.
Notas:
[1] Información del Observatorio de Mercado Laboral del Ministerio de Educación Nacional. Un agradecimiento especial a Natalia Guzmán Rozo que me ayudo a buscar y sistematizar los datos.
[2] Uprimny, Rodrigo. La judicialización de la política en Colombia: casos, potencialidades y riesgos. SUR- Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, año 4. 2007.
[3] Los abogados son los profesionales que más cargos ocupan en el Estado, según el SIGEP. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/-/los-abogados-son-los-profesionales-que-mas-cargos-ocupan-en-el-estado-segun-el-sigep
[4] Ceballos, María A. & García, Mauricio. La profesión jurídica en Colombia. Falta de reglas y exceso de mercado. Colección Dejusticia. 2019.