Comunicado a la opinión pública

Junio 12 de 2019

La bancada de Cámara del Partido Alianza Verde se permite informar a la opinión pública que:

1. Hemos defendido el Acuerdo de Paz, entre otras razones, porque estamos convencidos de que la mejor manera de poner fin a la guerra era ponerle fin al grupo armado para que se pudiera convertir en un movimiento político y competir en democracia.

2. Destacamos de manera positiva que los integrantes del Partido FARC que hasta la fecha han estado en el Congreso de la República hayan cumplido el Acuerdo de Paz.

3. El Acuerdo de Paz es claro: Los excombatientes que vuelvan a delinquir después del 1 de diciembre de 2016 no tendrán acceso a ningún beneficio por esos delitos.

4. Estamos convencidos de que la defensa de la paz implica exigir el cumplimento del Acuerdo por parte de todos, tanto el Estado como las FARC.

5. Somos firmes defensores de la institucionalidad y respetamos profundamente las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Es ella la que deberá establecer si Seuxis Paucias Hernández Solarte cometió un delito después del 1 de diciembre de 2016. En aras de resolver esta situación lo más pronto posible, le pedimos que agilice su pronunciamiento.

6. La paz que tiene el potencial de unirnos como colombianos es el desarrollo rural, la participación ciudadana, la reincorporación, la sustitución efectiva de cultivos de uso ilícito y la reparación de las victimas. Es muy desafortunado reducir la discusión de la paz al caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte.

7. No nos ausentamos de las comisiones ni de la plenaria porque creemos que debemos velar por el buen funcionamiento del Congreso de la República, en particular al cierre de la Legislatura, cuando ausentarse supone poner en grave riesgo proyectos que tienen el potencial de beneficiar a muchos ciudadanas y ciudadanos.

8. Invitamos al Señor Seuxis Paucias Hernández Solarte a cumplir con el Acuerdo de Paz, tener la humildad de reconocer los muchos crímenes que cometió las FARC a lo largo del conflicto armado, y a acatar de manera prudente y respetuosa de las víctimas la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia sobre su situación jurídica.