Seguimiento a la implementación del Acuerdos de Paz

Actualizado: 17 de oct de 2019

Del Capitolio al Territorio, proyecto multipartidista de la Comisión de Paz de Cámara, se ha convertido en un puente entre el Congreso y las regiones más afectadas por la violencia.


Del Capitolio al Territorio es una iniciativa de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes que, a través de visitas regionales, hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. El proyecto cuenta con la secretaría técnica de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el apoyo de la Embajada Británica y el International Republican Institute (IRI).


Con estas visitas a las regiones, los congresistas buscan verificar de primera mano los avances en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con seis temas claves para la construcción de paz:


La percepción sobre la implementación del Acuerdo y los cambios que trajo a las regiones; la situación de seguridad y sus principales desafíos; el avance del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícito (PNIS) y sus impactos; la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y sus principales dificultades; la situación de los líderes sociales, y la satisfacción de los derechos de las víctimas.


Durante seis meses, 16 congresistas de ocho partidos políticos —afines y críticos del proceso de paz—, visitaron municipios de cinco departamentos para conocer de primera mano, los avances y las dificultades de la implementación del Acuerdo de Paz.

En total, durante los últimos seis meses, 16 congresistas de ocho partidos participaron de cinco visitas regionales a municipios afectados por el conflicto armado y donde hay Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Los departamentos y municipios visitados fueron:


1. En Antioquia visitaron Medellín, Amalfi, Anorí y el ETCR La Plancha los representantes Ómar Restrepo, de Partido Farc; César Eugenio Martinez, del Centro Democrático; Carlos Ardila, del Partido Liberal; Juanita Goebertus, Alianza Verde;


2. En Putumayo estuvieron en Puerto Asís y el ETCR La Carmelita los representantes Carlos Ardila, del P Liberal; John Jairo Hoyos, del Partido de La U; Luis Alberto Albán, Partido Farc; y Juanita Goebertus, Alianza Verde.


3. En Tolima se desplazaron a Planadas y el ETCR El Oso los representantes Gabriel Santos, Centro Democrático; Ómar Olmedo, Partido Farc; Ricardo Ferro, Centro Democrático; Adriana Magaly Matiz, Partido Conservador; y Juanita Goebertus, Alianza Verde.


4. En Chocó visitaron Quibdó y Bojayá los representantes María José Pizarro, Decentes; León Freddy Muñoz, Alianza Verde; Abel David Jaramillo, MAIS; Astrid Sánchez Montes de Oca, Partido de La U; David Racero, Decentes; Omar de Jesús Restrepo, Partido Farc.


5. En Norte de Santander estuvieron en Cúcuta y Sardinata, Ciro Rodriguez, del Partido Conservador y Juanita Goebertus, Alianza Verde.


Los congresistas hacen parte de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y buscan hacer veeduría a la construcción de paz territorial, reconociendo las diferencias políticas sobre el proceso y el Acuerdo.

Durante las visitas se realizaron cerca de 25 reuniones con autoridades departamentales y municipales, Fuerza Pública, instituciones nacionales encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz, organizaciones internacionales y humanitarias, líderes sociales, organizaciones de mujeres y víctimas, excombatientes, así como empresarios y gremios.


#DelCapitolioAlTerritorio Hallazgos


Las posiciones, percepciones y reclamos de los actores locales que se recogieron en estos viajes y de los encuentros con los congresistas, hacen parte de un primer informe cuyos hallazgos son:


Sobre el Acuerdo


• Es una oportunidad, pero reina la incertidumbre. La percepción general sobre el Acuerdo es positiva. Lo identifican como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Sin embargo, las expectativas han dado paso a la incertidumbre y los cuestionamientos. Preocupa la reactivación de la violencia.


• Faltan recursos y capacidades para implementarlo. La institucionalidad es consciente de las limitaciones fiscales y la falta de capacidades para su adecuada implementación.


• Incertidumbre por parte de los excombatientes. Reconocen la intención del gobierno de asumir los compromisos derivados del Acuerdo, pero esperan que se materialicen en el desarrollo de proyectos productivos y la generación de oportunidades.


Sobre la seguridad


• Las disputas entre grupos armados ilegales dinamizan la violencia. En el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño hay un incremento de los homicidios. En Chocó es evidente la consolidación del ELN en el sur y centro del departamento. El ELN y el EPL compiten por el control del narcotráfico en el Catatumbo, y se suma la disidencia del frente 33.


• Las disidencias se han fortalecido en varias regiones. En el sur del Meta avanzan y se fortalecen los disidentes del Frente 7 y 62 desde el Caquetá, y el 40 desde Mesetas hacia el sur. Mientras tanto, en Putumayo se consolidó la disidencia del Frente 48 en el sur, y en el norte del bajo Putumayo tienen influencia las estructuras de los Frentes 1 y 7.


• Impacto humanitario. En Chocó, Catatumbo y norte de Antioquia señalan constantes desplazamientos forzados masivos e individuales, homicidios selectivos, desapariciones, confinamiento y restricción de la movilidad, reclutamiento y siembra de minas. En el sur del Meta, La Macarena y en la zona limítrofe con Vistahermosa, se observa la reactivación de los “manuales de conducta” impuestos por las disidencias.


• Aumentan las agresiones a líderes sociales. Según la Base de Agresiones a Líderes de la FIP, las zonas más preocupantes, de las visitadas por la Comisión, son el norte de Antioquia (22 homicidios entre 2017 y lo corrido del 2019), Catatumbo (12) y Meta (9).


Sobre los PDET


• Las comunidades participaron ampliamente. Hay consenso respecto al buen funcionamiento que tuvo el proceso PDET, pues la amplia participación de las comunidades contribuyó a darle legitimidad.


• Preocupa falta de voluntad y recursos para la implementación. Hay dudas sobre el compromiso del Gobierno respecto al cumplimiento de lo acordado con las comunidades.


Sobre la reincorporación de excombatientes


• Han tenido distintas trayectorias. Buena parte de los excombatientes que llegaron inicialmente a los ETCR ya no se encuentran allí. Algunos trabajan fuera del Espacio, aunque siguen vinculados a él o al grupo territorial de la ARN; otros, han retornado a sus lugares de origen fuera del departamento. Esta movilidad hace difícil hacerles seguimiento y prestarle atención.


• Rezago en la aprobación de los proyectos productivos. Se han cumplido los pagos para la renta básica, hay retrasos en la puesta en marcha de los proyectos productivos.


• Las dificultades para acceder a la tierra. Los excombatientes, que tienen dudas sobre invertir su tiempo y dinero en un lugar que no ofrece una perspectiva de futuro para un proceso pleno de reincorporación.


• El riesgo de reincidencia y la vinculación a economías ilegales. Esto por las demoras las demoras en el proceso de estabilización laboral y económica, sumado a la incertidumbre sobre la continuidad de la renta básica.


Sobre la sustitución de cultivos ilícitos


• Las familias han cumplido con

erradicar la coca. Esto significa que el nivel de cumplimiento de las familias que hacen parte del PNIS es del 94%.


• Preocupan los retrasos en los pagos y la demora en la asistencia técnica. Los rezagos del PNIS han derivado en la pérdida de credibilidad y legitimidad de la población, lo que aumenta el riesgo de resiembra o el traslado de los cultivos a zonas aledañas.


• La mayoría de los recolectores vinculados al PNIS no están recibiendo los beneficios. Según el PNIS, al 31 de enero de 2019 solo el 10% (1.632) de los recolectores a nivel nacional habían sido vinculados a actividades de interés comunitario.


• Preocupación por la posible reactivación de la aspersión aérea. Las familias reiteran su compromiso con la erradicación de cultivos de coca e insisten en la necesidad de que el Estado apoye la generación de alternativas económicas legales.


Sobre las víctimas


• Preocupa la baja capacidad financiera e institucional para la reparación. La reparación avanza de manera incipiente y con retrasos. A nivel nacional solo han sido reparadas el 12% de un universo de ocho millones de víctimas.


• Preocupan nuevos hechos de victimización, tras la salida de las FARC. Hay desplazamiento, confinamientos, reclutamiento forzado, amenazas y delitos sexuales, entre otras afectaciones.


Aquí pueden descargar el informe completo:


Aquí pueden ver la audiencia de rendición de cuentas: